Alicia Kirchner pidió tratar de urgente la Ley de Discapacidad para evitar que pierda estado parlamentario y queden "desprotegidas las personas con discapacidad"

SENADO DE LA NACION

Durante su intervención en la Cámara Alta, la senadora nacional por Santa Cruz reclamó la pronta emisión de dictamen para el expediente aprobado por amplia mayoría en Diputados, cuestionó la baja de 20.000 pensiones mediante resoluciones y alertó sobre la falta de territorialidad y el desconocimiento de la realidad social que atraviesa el país.

La senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, solicitó una moción de preferencia en el Senado de la Nación para evitar que pierda estado parlamentario el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad (expediente 18/26). Durante su exposición en el recinto, la legisladora fundamentó la urgencia de su tratamiento antes de la finalización del período legislativo el próximo 30 de noviembre, advirtiendo sobre las graves consecuencias que generan las recientes bajas de pensiones y el desconocimiento de las realidades territoriales en las distintas provincias.

Al fundamentar el pedido en la Cámara Alta, Alicia Kirchner especificó el alcance institucional de la iniciativa: "Mi cuestión de preferencia tiene que ver con la Ley de Fortalecimiento y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, expediente 18/26. Ese expediente fue aprobado por la Cámara de Diputados el 21 de octubre y el 22 ingresó en este Senado. La Cámara de Diputados tuvo 237 votos a favor, 9 negativos y 4 abstenciones. El objetivo es reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones y el financiamiento". 

En la misma línea, alertó sobre los plazos reglamentarios: "¿Cuál es mi preocupación y la preocupación de muchísimos de los senadores y senadoras? Que el tiempo legislativo cierra el 30 de noviembre y si no se aprueba la misma van a quedar desprotegidos las personas discapacitadas".

Uno de los ejes centrales de la intervención estuvo dedicado a cuestionar las medidas administrativas adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre las pensiones: "Una de las cosas que me llamó la atención ayer fue la resolución 3.695-26, donde se informa en el Boletín oficial que se dan de baja 20.000 pensiones por siempre este tema reincidente que son las auditorías, porque últimamente todo lo explican con auditorías porque, como venció la cautelar, entonces tienen 60 días las personas con discapacidad para hacer sus trámites. 60 días".

 Asimismo, advirtió sobre una grave vulneración normativa en la publicación de los listados: "El error más grave, además de esa resolución, es que colocan en 590 páginas el listado con número de documentos de todas las personas con nombre y apellido y demás discapacitadas, ignorando totalmente la ley de protección de datos personales. Pero si esto no fuera poco, hoy, por resolución 3.697-26, la cambian, porque en la primera el cruce de auditoría era con ANSES, ARCA, CINTIS y RENAPER. Se habían equivocado y en lugar de ANSES era el PAMI. Y vuelven a publicar estas 590 páginas".

Profundizando en las dificultades operativas que enfrentan los sectores vulnerables del interior del país, la exgobernadora cuestionó la falta de empatía y perspectiva federal en la confección de las normativas: "Yo creo que lo que está fallando en la gestión es el lenguaje territorial, porque determinar 60 días para poner en orden, según dicen estas pensiones, realmente no tienen idea lo que es la Argentina. Yo siempre insisto en esto, a lo largo y a lo ancho de la Argentina las realidades son totalmente diferentes. No es como acá que podés hacer el trámite de una manera automática en la página y demás. Tenés que pensar en la comunicación, en quién va a ayudar o cómo trasladan a esa persona, si los profesionales que se necesitan están en esos lugares muchas veces aislados. Es decir, hay un desconocimiento del lenguaje territorial, pero además hay un desconocimiento de las personas con discapacidad".

Para respaldar sus afirmaciones con parámetros internacionales y demográficos, la senadora confrontó las estadísticas oficiales del país con los datos de organismos sanitarios globales: "La Organización Mundial de la Salud, de la cual a la Argentina el presidente decidió sacarla, dice que en el mundo hay un promedio del 20% de personas con discapacidad. Y ya lo dije la vez pasada, en los países donde el PBI es el más alto, quiero darles de manera concreta cuál es la cantidad de personas discapacitadas que tienen. Francia 17,36, Reino Unido 23,16, Canadá con el 20. Argentina tiene el 12,9 de discapacidad, es decir, personas que tienen una discapacidad permanente. Muchísimo menos que estos países que he mencionado, ¿no es cierto?". A su vez, tradujo el porcentaje en cifras poblacionales: "Pero se sigue con el tema del problema de los discapacitados que no somos. El 12,9 significa 5.983.923 argentinos que tienen una discapacidad permanente, de los cuales 1.180.473 son titulares de pensiones con discapacidad. Bueno, creo que todos están reflexionando en este momento de lo que ello significa".

Hacia el final de su discurso, Alicia Kirchner remarcó la necesidad de un posicionamiento político firme en defensa de los derechos sociales y solicitó el tratamiento inmediato en las comisiones correspondientes: "Por lo cual creo que falta un compromiso grande y además no hay fortaleza, no hay raíces, por decirlo de alguna manera, en la realidad de nuestro país, de nuestra patria. Y cuando no se tiene raíces en la tierra, se remata, como quisieron rematar en la Patagonia, o también, cuando no hay compromiso no hay futuro. Y cuando no hay futuro, en la mirada de los derechos, en la mirada de las personas con discapacidad, la situación es gravísima. Por lo cual pido que la Comisión de Presupuestos y Hacienda y la de Población y Desarrollo Humano, la cual presido, antes de que cierren los tiempos legislativos, se pronuncie y se trate este proyecto en comisión, que tenga el dictamen lo más rápido posible. Porque de hecho es un proyecto que viene con una aprobación mayoritaria por parte de la Cámara de Diputados".